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Blog de Pablo Hijar, concejal por la candidatura de unidad popular Zaragoza en Común

La alternativa habitacional es un derecho de todas las familias aragonesas vulnerables

El jueves pasado -9 de mayo-, Stop Desahucios Zaragoza solicitó una reunión al Ayuntamiento de Zaragoza para trasladarnos su preocupación por la aplicación del nuevo Convenio entre CGPJ, Gobierno de Aragón y FAMCP (Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas…) y la interpretación restrictiva de como abordar la «buena fe» de las familias vulnerables que sufren desahucios en Aragón. Es necesario recordar que Aragón sumó 1.565 lanzamientos en 2018, de los cuales 1.020 son desahucios de inmuebles alquilados. Cifras de emergencia, que igualan a los años más crudos de la crisis hipotecaria. El Ayuntamiento de Zaragoza trasladó a la plataforma que no fue consultado del contenido del nuevo «Convenio», ni tampoco sobre los criterios de aplicación.

La «buena fe», reglamentada por el gobierno de Rajoy a finales de 2012, fue una «trampa» para cribar precisamente a las familias más vulnerables al establecer las causas «sobrevenidas» (no esperadas) como condición necesaria para su protección, así como una pérdida de rentas (con un diferencial de 1,5). En resumen. Si antes del procedimiento del desahucio tu familia tenía unos ingresos de 700 euros, y durante el procedimiento sigue teniendo esos mismos ingresos, no se considera que seas un deudor de «buena fe». Por más que vivas en la más absoluta precariedad. Aplicar este criterio de forma restrictiva significa dejar sin protección a la mayoría de las familias que solicitan mediación a las administraciones públicas aragonesas.

La presión de la plataforma, que ha recordado que la norma aragonesa en vigor establece que la «buena fe» se presupone (Ley 10/16) a la hora de proveer de una alternativa habitacional, ha logrado desatascar la situación creada por este cambio de orientación de aplicación del «Convenio» y que amenazaba con dejar sin alternativa habitacional garantizada a los más de 20 casos de desahucios señalados para este mes de mayo en los servicios de mediación. Lo que no tendría sentido alguno, máxime cuando el Gobierno de Aragón aún tiene 14 viviendas municipales vacías a su disposición (de las más de 100 que el Ayuntamiento ha cedido a la bolsa aragonesa).

Tampoco ayuda nada a prevenir estas situaciones el enorme retraso que acumulan las ayudas al pago de alquileres de Gobierno de Aragón. 12.267 familias aragonesas (la mayoría zaragozanas) las solicitaron en 2018 y aún no se han asignado en mayo de 2019. De esta forma estas importantes ayudas dejan de jugar un papel preventivo al impago de rentas.

Una vez más se demuestra lo imprescindible de la organización social para garantizar derechos (incluso de aquellos que son reconocidos).

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