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Blog de Pablo Hijar, concejal por la candidatura de unidad popular Zaragoza en Común

Moción. Por una ley para unos alquileres justos

Moción presentada por Zaragoza en Común para su debate en pleno el próximo 1 de junio.

Exposición de motivos

Se cumplen ya más de 10 años desde el estallido de la estafa hipotecaria y el rescate del sector financiero. 10 años de una crisis, y una gestión de la misma, que han significado el crecimiento de las desigualdades sociales y la cronificación de las situaciones de pobreza. Al mismo tiempo, se confirma la incapacidad del mercado y de las políticas públicas actuales para garantizar el acceso a una vivienda digna, adecuada y a un precio razonable.

La especulación que está experimentando el mercado del alquiler; la indefensión de las personas y familias que residen en régimen de alquiler; la concentración del mercado inmobiliario en cada vez menos manos (como el financiero); el aumento de bolsas de población excluidas del acceso a la vivienda; el auge de pisos turísticos que empujan a la población de los centros de las ciudades; e incluso vemos con terror la tentación de repetir los esquemas en materia de vivienda (propiedad y sobre-endeudamiento) que trajeron la peor crisis conocida por varias generaciones. Aún se mantiene un alto número de ejecuciones hipotecarias y ya se observan campañas para promocionar la contratación de créditos como acceso a la vivienda en propiedad. Al mismo tiempo el presupuesto público en materia de vivienda es ridículo y las normas en esencia son las mismas que trajeron el terremoto social en materia de vivienda.

Todo ello forma parte de nuestro tiempo, es una rápida radiografía de la situación entorno al derecho a la vivienda en el Estado español y en nuestra ciudad.

Más de 4 lanzamientos al día en Zaragoza, la mayoría por impago de rentas de alquiler.

En la provincia de Zaragoza se produjeron 1.461 lanzamientos durante el 2017. La inmensa mayoría en la ciudad de Zaragoza con preponderancia de la vivienda habitual. Mientras los desahucios por impago de hipotecas se mantienen en cifras importantes; resulta especialmente alarmante el crecimiento de desalojos por impago de rentas del alquiler. 892 del total de los lanzamientos practicados fueron por impago de rentas de alquiler, 527 hipotecarios y 42 de familias sin título, precarios…

Cuando algunos políticos banalizan sobre la supuesta superación de la “emergencia habitacional”, se está cometiendo una falta de respeto hacia miles de familias de nuestra ciudad con grandes dificultades para pagar su vivienda y otras muchas que ni siquiera lo consiguen. La vulneración de los derechos humanos en materia de vivienda sigue siendo algo cotidiano en el Reino de España. En Zaragoza esta transgresión de derechos fundamentales se concreta en más de 4 lanzamientos diarios.

Subida de precios y especulación

Todas las grandes ciudades están sufriendo un proceso de subida de precios en las rentas del alquiler con menos o mayor intensidad. Una subida que tiene consecuencias terribles para el equilibrio de la renta familiar, aumentando el porcentaje que estas dedican al pago de la vivienda muy por encima de los estándares recomendados por los organismos internacionales. Esta subida se concreta en desplazamientos de población; y también desahucios, muchos de ellos llamados desahucios invisibles por terminación de contrato e imposibilidad de acceso a una nueva vivienda (por los precios y las garantías exigidas).

No existe por desgracia un indicador de precios oficial que permita conocer el incremento de las renta de alquiler, pero todas las fuentes concluyen en un crecimiento muy superior a la subida del IPC o los pequeños incrementos de los salarios o de las rentas familiares. Nuestras estimaciones -conservadoras- es un crecimiento mínimo de un 15% en los últimos 4 años, con la sensación de que el proceso se agudiza. Según importantes empresas del sector inmobiliario la subida es muchos mayor en el histórico de los últimos años, aunque es evidente advertir que estas grandes empresas son las primeras interesadas en crear la sensación de subida ininterrumpida. Según el Colegio de APIs la subida sólo en el último año ha sido (de febrero de 2017 a febrero de 2018) de un 11,3% y el estudio de Idealista.com de variación entre trimestres hablaba de una subida para Zaragoza del 6,9% entre el cuarto trimestre de 2017 y el primero de 2018.

No es casualidad que grandes entidades financieras realicen estudios que reafirman el alquiler como un “mercado de inversión” con rentabilidades muy superiores a los productos financieros. Tampoco es una sorpresa la concentración de decenas de miles de viviendas en régimen de alquiler en manos de grandes fondos de inversión o grupos inmobiliarios vinculados al sector financiero. La creación de las SOCIMIs -Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario- les allana el camino con grandes desgravaciones fiscales en inversiones inmobiliarias. Los beneficios fiscales de este modelo van a ser este año de 261 millones de euros. Algo impresentable sabiendo que el presupuesto del estado en materia de vivienda son los irrisorios 500 millones de euros para este 2018.

La urgente reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos

El Reino de España necesita nuevas normas en materia de vivienda. La Ley Hipotecaria, la Ley de Arrendamientos Urbanos, la Ley del Suelo, las que regulan procedimientos judiciales y administrativos… En la línea expresada por la ILP de la PAH de 2013 (tumbada por la mayoría absoluta del Partido Popular) o la última propuesta legislativa de las plataformas de 2018 (bloqueada por la mesa con los votos de PP y Cs).

Pero mientras logramos esos cambios profundos, que seguramente necesitaran de nuevas mayorías en el Parlamento, es necesaria una actuación urgente de modificación de la LAU que evite la escalada de precios de las rentas de alquiler; que aumente la duración de contratos de 3+1 a 5+5 años; y que proteja a los vecinos y las vecinas frente a procesos de especulación y turistificación. Todo ello es posible mitigarlo con algunos pequeños cambios legislativos en dicha norma. Esta posibilidad de modificación urgente llegará en breves al Parlamento cuando se debata una Proposición de Ley registrada por 7 ayuntamientos (Barcelona, Madrid, A Coruña, Córdoba, Valencia, Cádiz y Zaragoza.) y el Grupo Confederal de Unidos Podemos. Actualmente la iniciativa está admitida a trámite para su debate.

Como decíamos necesitamos cambios más profundos y mucha más inversión pública en materia de vivienda. Pero es urgente tomar medidas que detengan este fenómeno entorno al alquiler, que permitan que esta modalidad de acceso a la vivienda suponga unas mínimas garantías para las personas y familias residentes en viviendas de alquiler. Mantener la actual inacción del Gobierno de Rajoy -en este terreno- es empujar a un número mayor de población hacia la exclusión residencial, los desahucios y la precarización del derecho a la vivienda de una parte importante de nuestros vecinos y vecinas.

Moción

En base a las anteriores consideraciones, el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza acuerda:

Instar al Gobierno de España a la reforma urgente de la Ley de Arrendamientos Urbanos, para proteger los derechos de inquilinos e inquilinas. Esta reforma tendría que permitir:

Alargar la duración de los contratos de los 3 años actuales a un mínimo de 5, terminando con el recorte de duración establecido en la LAU en la reforma de 2013.

Establecer una limitación del aumento de los precios entre contrato y contrato que impida alquileres abusivos.

Para aplicar este control de precios:

  • Las Comunidades Autónomas podrán declarar a petición de los municipios Áreas Urbanas con Mercado de Vivienda Tensionado (AUMVT).
  • El sistema de contención de alquileres en las AUMVT vendrá determinado por un indicador que establecerá precios de referencia en función de variables: renta familiar disponible, superficie del piso, estado de conservación, año de construcción, calificación energética, características de la zona, acceso a servicios públicos y privados, etc.
  • Los 5 primeros años de duración del contrato, la renta se actualice, anualmente, según el IPC. A partir del 6 año, las partes podrán pactar una nueva renta o, en su defecto, incremento referenciado a IPC. En todo caso, si la vivienda se encuentra en una AUMVT, será de aplicación los límites de rentas que establece esta ley.

 

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